​​​​​Recientemente se ha publicado en el sitio Web del Servicio Ejecutivo para la Prevención del Blanqueo de Capitales (SEPBLAC), la memoria de sus actividades correspondiente al pasado ejercicio 2015. 

La publicación de las primeras sentencias en las que se reconoce por el Tribunal Supremo la responsabilidad penal de las personas jurídicas, en aplicación de la modificación del Código Penal, llegando incluso a la disolución de las sociedades enjuiciadas, muestra la necesidad patente y perentoria para la gran mayoría de las empresas españolas de implantar “Programas de Compliance”.

La reciente Directiva (UE) 2016/343 del Parlamento Europeo y del Consejo de fecha 9 de marzo de 2016, por la que se refuerzan en el proceso penal determinados aspectos de la presunción de inocencia y el derecho a estar presente en el juicio, tiene como objetivo principal, tal y como su nombre indica, fortalecer determinadas garantías consideradas esenciales en el proceso penal. 

Presunta inocente o presunta culpable, un punto de partida. 

Podríamos decir que el compliance ha quedado "bautizado" por el Tribunal Supremo a través de su reciente sentencia del pasado 29 de febrero. Pero la pobre criatura ya ha nacido dividiendo a la familia en dos bandos: presunto inocente o presunto culpable.

Tras leer algunas veces la reciente Circular 1/2016 de la Fiscalía General del Estado (en adelante FGE) me viene a la cabeza una frase: no bastará con aprobar el examen,  sino que uno deberá demostrar haber sido un buen estudiante.